La asistencia pro-bono es una de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la que los bufetes de abogados tienen un amplio ámbito de desarrollo.
El pro-bono es la prestación voluntaria de asesoramiento jurídico gratuito en beneficio de personas o comunidades necesitadas, o en situación de vulnerabilidad social y a las organizaciones y entidades sociales que las asisten, así como la prestación de asesoramiento jurídico gratuito en temas de interés público.
Resulta importante marcar la distinción entre pro-bono y asistencia jurídica gratuita, ya que los abogados que representan en el turno de oficio son remunerados por su trabajo. Tampoco debe confundirse con el voluntariado, ya que para que sea considerado pro-bono el abogado debe considerar el caso como un asunto más en su jornada de trabajo. Para que el pro-bono sea considerado como tal, debe cumplir varios requisitos: el abogado lo presta de manera voluntaria y gratuitamente y por tanto, los destinatarios no deben pagar por esta actividad; los destinatarios de este servicio son las entidades sociales o sus beneficiarios y el trabajo jurídico debe ser ejercido con máxima calidad.
El pro-bono está en auge en España y todo apunta a que en los próximos años tendrá un extenso despliegue en nuestro país, dado la cada vez mayor importancia de la RSC en los despachos de abogados y también a la influencia de los despachos internacionales que ejercen en España, ya que en el mundo anglosajón tienen la actividad pro-bono muy implantada en su cultura corporativa e incluso algunos despachos obligan a todos sus abogados a ejercerla. También en Europa es una actividad cada vez más frecuente.
Según el último informe TrustLaw Index of Pro Bono, publicado en julio de 2016, a nivel mundial se dedicaron unas 2,5 millones de horas a la actividad pro-bono, lo que supone una media de 39,2 horas anuales por abogado. Mientras que en España la cifra media de horas trabajadas por los letrados españoles en 2016 era de 11,4. Aunque en comparación con la anterior edición de este mismo informe, la práctica del pro-bono va en aumento, ya que entonces la media de horas dedicadas por abogado fue de 6,5 horas. Además, el porcentaje de contribuyentes con una dedicación de 10 o más horas de pro-bono aumentó al 25,8%, mientras que en 2015 este porcentaje era del 16,5.
¿Por qué el pro-bono no está tan instaurado en España?
Una de las principales razones por las que el pro-bono no ha despegado con más fuerza aún en nuestro país se debe al bajo grado de conocimiento por parte de los abogados españoles de su existencia, principalmente en los bufetes de menor tamaño. En el año 2014, la Fundación Aranzadi Lex Nova realizó un estudio que arrojaban cifras interesantes en esta línea: el 42,5% aseguraba desconocer esta actividad, mientras que el 57% restante indicaba que conocía en qué consistía el pro-bono. Pero quizá lo más interesante de este estudio era que el 88,1% de aquellos abogados que reconocían no conocer qué era el pro-bono antes de esta encuesta, aseguraba estar dispuesto a realizar este tipo de actividad. En este porcentaje destacan los bufetes más pequeños y con abogados más jóvenes.
Entre los conocedores del pro-bono que participaron en la encuesta, la mayoría de ellos argumenta que las principales razones para ejercer pro-bono son compromiso con la sociedad, satisfacción personal y profesional, aunque también se alude a las oportunidades profesionales que podrían derivarse de esta actividad. Interesan principalmente las actividades relacionadas con la violencia de género, la igualdad ante la ley o el acceso a la justicia. En cuanto a las colectivos que más se benefician de esta actividad son inmigración, discapacidad e infancia y las tareas suelen ser asesoramiento, formación y actuaciones concretas en defensa y proyectos de cooperación.
Otro de los motivos es que en España existe una extensa asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. Sin embargo, la cobertura del turno de oficio deja vacíos que el pro-bono podría cubrir, y desde diferentes ámbitos se está fomentando este tipo de actividad, creando incluso plataformas para desarrollarla.
Impulso del pro-bono en España
El pro-bono está instaurándose en nuestro país y de hecho, el Plan Estratégico de la Abogacía 2017-2020 del Consejo General de la Abogacía incluye entre sus objetivos el impulso de programas pro-bono “colaborando con las organizaciones de acción social y entidades con obra social que trabajan con colectivos vulnerables. Esta actividad se desarrollará prioritariamente en áreas de actividad profesional no jurisdiccional a las que no llega por tanto la asistencia jurídica gratuita”, detalla el texto.
Los colegios de abogados en diferentes Comunidades Autónomas están comenzando a desarrollar iniciativas en este ámbito. En Madrid el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía (CRSAM) del ICAM tiene un apartado dedicado a este tipo de asistencia, al que pueden inscribirse todos los colegiados que deseen realizar este tipo de servicio, ya estén ejerciendo o no, sean despachos de abogados o abogados de empresa. Para darse de alta, hay que rellenar un formulario online con el perfil profesional y los ámbitos de interés en los que estaría dispuesto a ofrecer asistencia pro-bono y cuando surjan oportunidades los inscritos reciben en el email a través de un sistema de alertas las oportunidades pro-bono que puedan surgir.
Además de en los colegios de abogados, también en los últimos están surgiendo Centros de Coordinación pro-bono (Clearinghouse, en inglés) independientes y con frecuencia online, como por ejemplo Probonos.net, que son organizaciones que tienen como función principal hacer de intermediario entre las dos partes participantes en el pro-bono, es decir, se encargan de recoger las peticiones formuladas por la entidades sociales, analizarlas y poner en contacto a un abogado especializado en ese ámbito legal para que pueda atender dicha solicitud.
