LexNET, la herramienta electrónica que a diario usamos procuradores, abogados y otros operadores jurídicos para el intercambio de comunicación de notificaciones y escritos con los órganos judiciales, está en los últimos meses más de actualidad que nunca.
A finales de julio, un grave fallo de seguridad en LexNET permitió que expedientes de procesos judiciales quedaran expuestos a usuarios ajenos a los mismos, lo que supuso el cierre de LexNet durante varios días y ha obligado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
A este respecto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una sesión extraordinaria acordaba abrir diligencias informativas sobre lo sucedido en el sistema LexNET, para esclarecer “si la posible quiebra de seguridad del sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (LexNET) produjo una violación de las normativa en materia de protección de datos de carácter personal”. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo por esta grieta en la seguridad de la plataforma.
Y si así despedíamos el curso judicial, a la vuelta del descanso vacacional, LexNET nos recibía el 1 de septiembre con nuevos cierres del sistema. Los días posteriores, el servicio funcionó de manera inestable y el 19 y 20 de septiembre volvió a sufrir paros.
Los defectos de LexNET afectan al trabajo diario de procuradores y abogados
El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, obliga desde enero de 2016 a los operadores jurídicos a hacer uso de LexNET para todas nuestras comunicaciones con los órganos judiciales, y a estas alturas no parece descabellado señalar que seguramente todos los que hacemos un uso continuo de la plataforma coincidiremos en que ésta no ha logrado funcionar como se esperaba.
En la actualidad, el uso de LexNET en la práctica de la procura, la abogacía y el resto de actividades profesionales en el ámbito de la justicia está marcada por lentitud del sistema; incidencias en las notificaciones; límites en la subida de documentos (en un inicio de 10 MB y actualmente de 15MB), que nos obligan también a hacer la presentación de la documentación por otras vías; que el programa se quede colgado en cualquier momento o no nos permita acceder a él; la necesidad de guardar borradores de los escritos de manera continua para no perderlos en caso de cualquier error de este tipo, la incompatibilidad con sistemas operativos, buscadores y actualizaciones de Java, por poner algunos ejemplos.
Por otro lado, cabe señalar que, con el foco mediático sobre LexNET tras el fallo de seguridad ocurrido en julio, se ha abierto de nuevo el debate sobre si la gestión de la plataforma, actualmente en manos del Ministerio de Justicia, debería residir en el poder judicial. Sobre este asunto existen opiniones enfrentadas, y es una cuestión que cabría debatirse en profundidad, en aras de la división de poderes que, como todos sabemos, es el pilar fundamental del Estado de Derecho.
LexNET y una eficiente justicia digital
Es de imperante necesidad un mejor desarrollo de LexNET porque parece obvio que, más allá de las repercusiones que el uso de LexNET tiene en el día a día de la actividad de procuradores y abogados y de los órganos judiciales, lo cierto es que la transcendencia de la información que se gestiona a través de esta plataforma digital, merece un óptimo nivel de servicio y una irrefutable seguridad, para lograr así que la digitalización de estas comunicaciones repercutan directamente en un incremento de la eficiencia y en una mejor justicia.
Confiamos en que la nueva inversión de 55 millones de euros para mejoras informáticas anunciada por el Ministerio de Justicia sirva para implementar la funcionalidad, la seguridad, así como, las prestaciones de LexNET, como recientemente ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
Porque somos conscientes que los avances tecnológicos implican grandes cambios, y en especial en nuestra profesión y área de trabajo, a la que además de los cambios meramente técnicos hay que añadir los cambios culturales que estos nuevos usos implican. Y no hay duda que la transición del papel a la justicia digital es uno de ellos. Pero si queremos una eficiente ley en red y no una ley atrapada en la red, es urgente que LexNET se adapte más eficazmente a las necesidades actuales de la justicia, no al revés.
