La Responsabilidad Social Corporativa en empresas del sector legal

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se está convirtiendo en los últimos años en una prioridad en las empresas de todo el mundo y también en las españolas.

 

La RSC es un concepto que nació en Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado y en la actualidad se refiere al conjunto de operaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos de las actividades que las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos.

 

La Unión Europa ha contribuido decisivamente a impulsar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país. En un principio, la Comisión Europea definía la RSC como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores”. Sin embargo, en su estrategia 2011-2014 en esta materia, la Comisión Europea redefinía la RSC como “la responsabilidad de las empresas según su impacto en la sociedad”, es decir, se dejaba atrás el concepto de la RSC como algo meramente voluntario y se abría con ello la puerta a su regulación.

 

Responsabilidad Social Corporativa

El impulso legal en España de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

 

A nivel legislativo, la Unión Europea ha sido clave para la regulación de la RSC en España. La importancia de los aspectos sociales, educativos, laborales y medioambientales en las empresas sobre los criterios puramente económicos, cobrará en 2018 un nuevo impulso en nuestro país, tras la aprobación, a finales del año pasado, de dos nuevas leyes, ambas como transposición a nuestro ordenamiento jurídico de diferentes disposiciones y directivas comunitarias: la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), que entra en vigor este viernes 9 de marzo, y el decreto ley en materia de información no financiera y diversidad (Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).

 

La primera ley obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. La segunda, que de momento afectará únicamente a las grandes empresas y grupos empresariales de más de 500 trabajadores, tiene como objetivo aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.

 

Las empresas del sector legal potencian su Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

 

Como en cualquier sector de actividad económico, también las empresas españolas del sector legal están centrando más esfuerzos y estrategias en potenciar su Responsabilidad Social Corporativa.

 

Despachos de abogados y Procuradores impulsan cada vez más este aspecto en sus estrategias empresariales. En este sentido, es reseñable que el último Ranking Merco de Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2017, en el que ofrecen una clasificación de las 100 empresas más avanzadas en esta materia, aparece ya una firma de abogados.

 

Es posible que el ámbito de la RSC donde los despachos han desarrollado más este tipo de acciones ha sido a través del Pro-bono, es decir, el asesoramiento legal de forma gratuita y altruista, pero sin duda no es el único.

 

Iniciativas como el Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) o el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña (CRSAM) del Colegio de Abogados de Madrid, es un ejemplo del impulso que está tomando la RSC en la abogacía a través de grupos de trabajo para acercar las oportunidades que ésta representa y las tendencias en esta materia a los profesionales de la abogacía.

 

Por otro lado, la aplicación de normas dentro de despachos de abogados y procuradores que certifiquen la calidad de servicio, medioambiental o de Responsabilidad Social Corporativa, como la ISO 9000, la norma de Gestión Ambiental ISO 14001, la de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 o la norma IQNet SR10 de Gestión de la Responsabilidad Social, seguramente se generalizarán próximamente en nuestro sector, al igual que en muchos otros.

 

En Servicios Jurídicos Bartolomé Procuradores ponemos el máximo empeño en una serie de valores y criterios que han convertido a este despacho en un referente en modelo de gestión y una garantía para el desarrollo del procedimiento judicial.

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